Por: Aquiles J. Amares P. | Dr. en Educación | Docente Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Está en circulación en las Instituciones de Educación Universitaria (IEU), un documento marco para consideración de toda la comunidad universitaria nacional venezolana. Este documento conformado históricamente de precedentes y numerosas reuniones y encuentros con el interés de coordinar la gestión más sana, democráticamente posible y amplia de la gestión de las IEU, asunto para nada sencillo en el archipiélago de pequeñas republicas que representan esa institucionalidad del Subsistema de Educación Universitaria (SEU).
Ese documento o papel de trabajo conocido como Sistema de Evaluación, Supervisión, Acompañamiento y Acreditación (SESA), tengo entendido ha sido de consideración en la máxima instancia colegiada del SEU, como lo es el Consejo Nacional de Universidades (CNU), o petit parlement. Consensuar ese instrumento en el seno del CNU, requiere de discusión más profunda y de muy buena alta dosis de voluntad política por parte de sus integrantes. Son conocidas las posiciones antagónicas que allí se cuecen, tan parecidas o semejantes a la actividad política que se despliega y consume en la cotidianidad de nuestra República Bolivariana. Ojala esa disposición por alcanzar consenso se logre en plazo perentorio para el beneficio de las mayorías republicanas, que tanto lo esperamos; que cesen los intereses minúsculos y se imponga el indiscutible poder del demos. A todas estas, la forma definitiva – la bendición Diosana lo permita – se alcanzará también con buena dosis de política real de interés por un país que no soporta más en la antesala de una entropía que calienta cada día y pone en riesgo la estabilidad del sistema.
Sin embargo, voy a lo particular del SESA. Hay un elemento que no se menciona en ninguna parte de ese opúsculo de elaboradas intensiones y que considero es clave en la estabilidad del SEU. Sumado a ello el hecho del estado de pauperización constante de los salarios que recibimos los trabajadores de las IEU, resulta por demás vergonzoso el estado de debacle de la infraestructura de nuestras IEU. No pienso entrar en detallar – respecto a este último hecho – , las responsabilidades del Estado Docente y las IEU en su transmutada «autonomía universitaria», que tanto sacrificio de muchas generaciones precedentes costó alcanzarla; recordemos Córdoba de 1918, Tlatelolco, mayo francés, y movimientos protestatarios de las Universidades venezolanas en 1968, entre otras fechas históricas impulsadas por iniciativa y protagonismo del movimiento estudiantil, motor de las transformaciones universitarias. Pero veo con preocupación que gobiernos nacionales, regionales y locales y autoridades universitarias escudadas en su «autonomía universitaria», no hayan alcanzado acuerdos para enfrentar el crimen que se comete contra la infraestructura e integridad de nuestras Universidades, cosa incomprensible.
En mi pasada estadía como docente del programa doctoral de Seguridad Ciudadana (S.C.) de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), pude entender y asimilar la necesidad estratégica e impostergable, que nuestra sociedad venezolana en función de la defensa de su entera integridad, adopte los conceptos, principios y valores que involucran la S.C., y los haga suyo en su cotidianidad y aplicación por la sanidad de la República Bolivariana en su totalidad. Entendida la S.C., como la armónica y plena participación del Estado Nacional, sus instituciones públicas y privadas en conjunto con la ciudadanía en enfrentar a quienes propician la rapiña, violencia y crimen que se ha entronizado en la sociedad venezolana en general y en el caso particular que nos ocupa, la Universidad venezolana. Enfrentar la complicidad interna y externa a los recintos universitarios, en la defensa frente a las bandas organizadas del crimen, con la eficacia de los órganos de inteligencia del Estado y la organización social del pueblo venezolano, es el más alto deber moral a que estamos todas y todos convocados en la participación y movilización activa.
El Estado venezolano y las IEU, deben cesar en continuar culpándose uno a otro en el tema de enfrentar el ataque despiadado e indolente contra la integridad de nuestras Universidades. Necesario es reunirse, debatir y concertar las medidas coercitivas que el Estado de Derecho y Justicia dispone a fin de encarar y afrontar este crimen de lesa humanidad contra la Comunidad Universitaria en su entera integridad. El llamado es a ejercer de hecho, nuestros derechos y deberes como ciudadanos de la Patria de Bolívar y Simón Rodríguez en su herencia y defensa del Estado Docente para impulso del crecimiento, social, económico y cultural del pueblo venezolano.
¡Carabobo, Memoria y Gloria Heroica de la Venezuela Eterna!
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