El gerente de ecosocialismo de la alcaldía de Tucupita, Silvio Romero, manifestó que ante los casos omisos que hacían las personas hacia las charlas de educación ambiental, han optado por tomar acciones penales contra aquellos que opten por quemar indiscriminadamente en la localidad.
De acuerdo con Romero: “la educación ambiental se acabó como educación ambiental de charlas; ya no puede haber una educación ambiental de charlas, sino de acciones. Si no hay acciones y no se hagan pagar a los infractores, no se aplica la Constitución ni la ley penal del ambiente. Por supuesto, vamos a seguir así”.
Reveló que, a través de una sala de situacional creada en la estación de los bomberos, saben dónde se originan “los puntos críticos” para atenderlos.
Sanciones tributarias y penales
Silvio Romero explicó que dentro de la Constitución de la República está la ley penal del ambiente, donde en su artículo 65 aclara que las personas que realicen quemas descontroladas deben ser sancionadas tributaria o penalmente, dependiendo de la escala del incendio.
Las sanciones penales van de 1 a 6 años de cárcel por las afectaciones que causen, y de 2 a 8 años de prisión si la zona afectada es de gran escala. Lo tributario tendría un pago de 1 a 5 unidades tributarias, también dependiendo de las afectaciones, el impacto y la zona donde se registre el incendio.
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