«La deriva hacia tiempos que parecían superados en Colombia debe alertarnos en Venezuela ante los recurrentes intentos de factores radicales, -buena parte de ellos radicados en el extranjero- de sumergirnos en una espiral de violencia», señaló el diputado
Luis Eduardo Martínez
Escribo estas líneas en la madrugada del lunes tras repasar la información más reciente publicada por medios nacionales y extranjeros. Destacan titulares sobre el estado de salud del senador colombiano Miguel Uribe Turbay tras el atentado del pasado sábado. «Son horas críticas», reseña La Nación, citando el comunicado de la clínica, donde lucha por su vida, que señala: «El estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado».
No es un hecho inédito este acto repudiable de violencia política en Colombia.
La historia de nuestro vecino país ha estado marcada por una persistente violencia política que ha moldeado su devenir institucional, social y económico. Desde el siglo XIX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores se tradujeron en guerras civiles recurrentes, siendo la Guerra de los Mil Días (1899-1902) uno de los episodios más sangrientos. Sin embargo, fue a mediados del siglo XX cuando la violencia política adquirió dimensiones más profundas y estructurales.
El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 desencadenó el Bogotazo y abrió paso a una etapa conocida simplemente como La Violencia, que cobró la vida de más de 200.000 personas entre 1948 y 1958. Este conflicto no solo reflejó la lucha partidista, sino también la exclusión, el clientelismo y las tensiones sociales en el campo colombiano.
La posterior formación de grupos guerrilleros, como las FARC (1964) y el ELN (1965), emergió en respuesta a la falta de acceso a la tierra, la pobreza rural y la exclusión política. Paralelamente, el Estado respondió con represión y militarización, lo que profundizó la confrontación. En los años ochenta y noventa, la aparición de grupos paramilitares, financiados en parte por sectores económicos y el narcotráfico, añadió otra capa de brutalidad al conflicto, dirigiendo su violencia contra campesinos, líderes sociales y comunidades enteras.
El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC representó un hito esperanzador, pero no puso fin a la violencia política. Nuevos actores armados, economías ilegales y disputas territoriales han perpetuado los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado.
La violencia política en Colombia no ha sido un fenómeno aislado, sino el resultado de una compleja interacción entre desigualdad estructural, debilidad institucional, impunidad y falta de voluntad real para transformar las causas del conflicto. Entender esta historia es un paso importante para preservar la paz en Venezuela.
Rechazo de la manera más enérgica la violencia de cualquier signo y en cualquier lugar del mundo; no me cansaré de proclamar que es el diálogo y los consensos la única alternativa para que nuestros pueblos salgan adelante.
La deriva hacia tiempos que parecían superados en Colombia debe alertarnos en Venezuela ante los recurrentes intentos de factores radicales, -buena parte de ellos radicados en el extranjero- de sumergirnos en una espiral de violencia. Han fracasado antes, pero nada indica que desistirán de esa vía que debemos rechazar y enfrentar.
¡Unidad, unidad nacional! es la clave para el mejor mañana de todos y aunque parezca ingenuo afirmarlo: amor. Que el amor esté en el corazón de cada venezolano. Este domingo escuchaba al Papa León XIV proclamar: “…donde hay amor no hay espacio para los prejuicios, para las distancias de seguridad que nos alejan del prójimo, para la lógica de la exclusión que vemos surgir desgraciadamente también en los nacionalismos políticos”. Que así sea.
