elcooperante.com
El Gobierno de Trinidad y Tobago recortó de forma drástica el número de permisos de trabajo otorgados a ciudadanos venezolanos, pasando de 4.275 en 2024 a apenas 757 en 2025, lo que representa una reducción del 82 %, según datos del Ministerio de Seguridad Nacional obtenidos por The Guardian.
El informe detalla que este año solo se aprobaron dos tandas de permisos: la primera, de 480 autorizaciones, entre el 25 y el 28 de marzo; y la segunda, de 277, entre el 9 y el 11 de junio. Todos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.
La disminución coincide con un periodo de crecientes tensiones entre Puerto España y Caracas, que se intensificaron tras el anuncio de un operativo de deportación inmediata de migrantes irregulares y la llegada a Trinidad del destructor estadounidense USS Gravely, equipado con misiles guiados.
El presidente Nicolás Maduro reaccionó suspendiendo los acuerdos energéticos bilaterales y acusó a Trinidad de “servir como portaviones del imperio estadounidense”. En respuesta, la Asamblea Nacional venezolana declaró persona non grata a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, quien calificó las declaraciones de Maduro como “sin sentido”.
Impacto en la comunidad venezolana
El abogado y activista de derechos humanos Criston J. Williams advirtió que las deportaciones masivas de migrantes detenidos podrían vulnerar el debido proceso. “Hay que proteger la seguridad nacional, pero también garantizar los derechos de quienes están documentados”, señaló, al tiempo que alertó sobre posibles infiltraciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Por su parte, la activista venezolana Yesenia González denunció abusos y corrupción en los procedimientos migratorios. Afirmó que algunos funcionarios “han obligado a migrantes a firmar órdenes de deportación en contra de su voluntad” y que muchos enfrentan condiciones precarias en centros de detención.
Empresarios trinitenses también expresaron preocupación por el impacto económico de la medida.
El presidente de la Cámara de Comercio de Chaguanas, Baldath Maharaj, advirtió que los venezolanos representan hasta el 60 % de la fuerza laboral en los sectores de construcción y servicios.
“Son trabajadores comprometidos y productivos. Si el Gobierno no renueva sus permisos, habrá escasez de mano de obra y aumento de costos”, aseguró.
Desde el sur del país, la Cámara de Comercio de San Fernando alertó sobre una “competencia creciente” por empleos en la industria del entretenimiento, mientras que la Asociación Empresarial de Arima reconoció que algunas compañías contratan venezolanos “para reducir costos laborales”, dado que no están obligadas a realizar contribuciones al sistema nacional de seguridad social.
Cifras y antecedentes
Trinidad y Tobago alberga una comunidad de al menos 29.000 venezolanos, según el informe R4V de 2024, aunque organizaciones humanitarias estiman que el número real supera los 35.000.
En 2019, el entonces Gobierno del Movimiento Nacional Popular (PNM) lanzó un programa de registro de migrantes que permitió regularizar temporalmente a más de 16.500 venezolanos. Sin embargo, desde entonces las renovaciones han disminuido año tras año.
Entre 2023 y 2024, el Estado trinitense ha debido pagar más de 6 millones de dólares en indemnizaciones por detenciones ilegales y malos tratos a migrantes, incluidas víctimas de trata y niños recluidos en condiciones inadecuadas.
Casos como el de Mia y su hijo Elias, una madre y un adolescente venezolanos que denunciaron haber sido víctimas de trata al llegar a Trinidad, ilustran el deterioro de la situación. Ambos esperan ser reasentados por ACNUR, aunque el cierre de su oficina local ha frenado el proceso.
