El “carmonazo” gobiernero de 72 horas a La Orquídea se resolvió en 120 minutos

En horas del mediodía de este martes 22N, funcionarios procedentes de Puerto Ordaz, con credenciales que acreditaban su pertenencia al Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), entidad sin sede en Delta Amacuro, practicaron una visita sorpresa al establecimiento comercial Supermercado La Orquídea, ubicado en la urbanización Argimiro García Espinoza del municipio Tucupita, estado Delta Amacuro.

En una actuación sui generis comenzaron a revisar un cierto número de artículos, de marcas poco conocidas, manifestando que podrían tener deficiencias en los registros plasmados en el etiquetado.

A sus opiniones, replicaba la propietaria del establecimiento y presidenta de la Cámara de Comercio e Industria tucupitense María Adelaida Da Silva, que cada uno de los artículos pertenecía a lotes de mercancía debidamente facturados, suministrados por proveedores de carácter legal e ingresados en el sistema controlado por los órganos de tributación.

Avanzando en el marco de una discusión estéril, los funcionarios se exasperaron y colocaron una calcomanía con el mensaje “cerrado por 72 horas” en la puerta, lo que hizo caldear aún más los ánimos.

Mientras tanto seguían llegando personas pertenecientes al gremio, familiares y allegados a apoyar la causa de la comerciante, logrando que los funcionarios, dieran por terminado el procedimiento y se fueran, literalmente, echando humos.

Una situación que no valdría la pena ni comentar, sino fuera por la arbitrariedad y el sin sentido de una acción que afecta a una empresa caracterizada por el apego al marco legal y a su elevado número de trabajadores, amén del daño que pudo producir un cierre prolongado a los productos del campo y a las proteínas de origen animal que se expenden en La Orquídea.

Una acción de ese tenor, en caso de ser procedente, debió haber estado inscrita en el marco de un operativo y contar, desde tiempo atrás, con varios exhortos que dieran pie a una decisión de tal magnitud. Ni lo uno ni lo otro ocurrió.

El comercio y la sociedad civil se movilizaron, demostrando que la ley no es una facultad dictatorial y antes de exigir supuestos deberes, deben ser respetados los derechos.

 

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