Varios deltanos han sugerido que cada embarcación legal e ilegal debe garantizar la existencia y uso del chaleco salvavidas a los pasajeros y a toda la tripulación. Esta exigencia se lleva a cabo en un contexto posterior al naufragio en el que un (todavía) número indeterminado de personas sigan desaparecidas, otras rescatadas con vida y de momento tres halladas sin vida.
A través de las redes sociales familiares, amigos y allegados han cuestionado que ninguna de estas embarcaciones tengan chalecos salvavidas, por lo que uno de ellos sugirió: «deberían invertir en chalecos salvavidas».
Cuatro deltanos que ya están en Trinidad y Tobago, y que hace cuatro años también cruzaron hasta la isla, afirmaron que en su momento reclamaron el poder usar chalecos salvavidas, pero los organizadores del viaje ilegal repudiaron esta exigencia con el pretexto de que pudieren ser descubiertos por la Guardia Costera de ambos países.
Sonia Valdivia, una de las migrantes de hace cuatro años, relató que, tratándose de iniciativas ilegales, deberían adaptarse al contexto: «no sé, deberían pintar esos chalecos, pero la vida del ser humano es el derecho universal más importante», declaró a través de WhatsApp.
Las embarcaciones legales familiares tampoco estarían cumpliendo este protocolo de seguridad, en cambio por los altos costos que poseen los salvavidas. «A penas tenemos para comer», dijo un padre de familia de Guayo, que suele viajar con frecuencia hasta el puerto de Volcàn en Tucupita.
No obstante, el panorama económico cambia para los pasajeros de los viajes clandestinos, debido a que cada uno de ellos paga la suma de entre 250 y 300 dólares estadounidenses. Las organizaciones ilegales amasan una suma de 6 mil dólares por cada viaje desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago, sin contar con los posibles otros ingresos por concepto de quienes retornan.
