Inés Figueroa.

«Comerciantes en Tucupita apuestan al desarrollo de Delta Amacuro»

Nota institucional

Sic.

La vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria del municipio Tucupita, Inés Figueroa, enumeró  algunas de las dificultades que tienen para trabajar en el estado, como es el caso de las demoras y/o ausencia en la conexión de internet, fallas en el suministro de la energía eléctrica y en la recolección de los desechos sólidos, la inseguridad, poca cantidad en el suministro de gasolina, entre otros.

A este panorama tan turbio, para el desarrollo de la actividad económica se le suma el exceso de trámites administrativos, las altas tarifas que cobran CANTV y CORPOELEC, la carga tributaria excesiva representadas en impuestos nacional (SENIAT, SENCAMER, Sanidad, Cuerpo de Bomberos, BANABIH), estadal (SATDELTA) y municipal (Catastro, SATRIMUT), solo por nombrar algunos y adicional están las multas que son aplicadas según el criterio del ente fiscalizador, quien asume el valor del Petro como unidad de cálculo para establecer las multas y sanciones (cuyo valor para el día de hoy son 60 dólares) y/o se sanciona con el tipo de cambio oficial de la Moneda de Mayor Valor publicada por el BCV, cálculos que nos parece incongruente con el discurso del estado, cuando pregona que el Bolívar es nuestra moneda nacional.

Otras erogaciones fuerte que tiene que hacer el comerciante son los impuestos financieros, entre los cuales están el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), las comisiones que los bancos cobran por los pagos con tarjetas de débito, pago electrónico, a eso se debe sumar el porcentaje que se le cancela a Consorcio Credicard por el uso del punto de venta. Cabe destacar que ahora el comerciante compra el equipo al consorcio y aun así le debe cancelar mensualmente una tasa.

La representante de la cúpula comercial manifestó, que el flujo de caja en los últimos 7 u 8 años ha dado resultado negativo, lo que quiere decir que los egresos  de la empresa han sido mayores a los ingresos.

Una de las situaciones que incide en la disminución de las ventas, se debe al endeble poder adquisitivo del consumidor, debido a que el gobierno es el mayor empleador y cancela sueldo mínimo, el cual para el mes de marzo de este año representaba unos 30 dólares y en la actualidad son 12 dólares, con los cuales tiene que cubrir sus gastos de alimentación, transporte, educación, salud, entre otros. Si a este ciudadano, el estado le brinda la posibilidad de recibir un sueldo mensual atado al Petro o al tipo de cambio oficial de la Moneda de Mayor Valor publicada por el BCV (política utilizada para el cobro de impuestos y multas), y se le ofrece la posibilidad de utilizar tarjeta de crédito, la situación  mejoraría un poco, expresó.

En este sentido, la vicepresidente de la Cámara, valoró el esfuerzo del sector privado, que a pesar de los problemas, se esmera para aportar su granito de arena dentro del aparato productivo.

La experta precisó, que si se deja de un lado el discurso de las sanciones  económicas contra el país, se diseñan planes, programas y estrategias económicas que impulse el sector productivo, se aplique incentivos fiscales, se brinde seguridad jurídica y que el Estado entienda de una vez por toda que un impuesto es un tipo de aportación equitativa y no lo vea como la fuente inagotable de donde exprimir los recursos para subsanar sus necesidades, habrá un cambio real en el panorama económico y atraerá nuevas inversiones de capital nacional y extranjero, lo cual redundara en beneficio del colectivo.

Para finalizar, la líder gremial aseguró que el comerciante tiene un alto grado de  resiliencia y de responsabilidad social, sabe sus derechos y deberes consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por ello los cumple y los exige.

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