Alfredo Rojas | Ex diputado a la Asamblea Nacional | Profesor de la UNES
Ramsey Clark, manifiesto, «Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar”.
Lo ocurrido con el ilegal traslado por parte del gobierno de Donald Trump, de 238 compatriotas venezolanos, al Salvador, para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad, alegando una antigua ley del siglo XVIII, Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798, no es otra cosa que la manifestación de una barbarie antihumana.
Una actuación ordenada por el mismo presidente que firmó una orden ejecutiva, sancionando a la Corte Penal Internacional (CPI), acusándola de “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel”, con lo cual, niega la dignidad humana e intenta destruir el orden jurídico de convivencia de las naciones, establecido por la civilización luego de los horrendos hechos ocurridos antes y durante la segunda guerra mundial.
La humanidad toda quedó aplastada ante la contundencia de la realidad que evidenció y salió a la luz, en deplorables acciones que dieron origen a: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidades, el 10 de diciembre de 1948; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; y las Reglas Nelson Mandela, aprobadas el 17 de diciembre de 2015, siendo ahora letra muerta, para quienes se creen superiores al resto de la humanidad.
En un nefasto intento -el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump- de erigirse como una autoridad omnímoda, profiriendo calificaciones y afirmaciones arbitrarias, a los venezolanos secuestrados en ese país, y ordenando su traslado a un tercer país, desestimando todas las garantías y legítimos derechos que como seres humanos gozan, muchísimo más allá de lo que pueda estar escrito, sin haber sido sometidos a la justicia y sin que se les demostrara judicialmente cuál o cuáles son sus delitos.
Lo que agrava y complica más la situación es que, no cometieron delito alguno en el Salvador, como para que este país centroamericano los recluyera y mercenarizara la reclusión, aceptando y publicando como un logro económico, el pago de seis millones (6.000.000 $) de dólares a su presidente Nayib Bukele.
Migrar no es un delito
El pueblo de Venezuela todo, debe tomar posición, no se trata de solidaridad automática, es un acto de solidaridad y dignificación humana, con nuestros compatriotas, presionando al gobierno nacional a tomar todas medidas, con la intención de revertir esta indignante, degradante e inhumana situación a la cual están siendo sometidos nuestros compatriotas en el Salvador.
Tienen la palabra y actuación los organismos multilaterales, debe pronunciarse la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación a este particular. No se trata de emitir comunicados hipócritas en exhibición mediática de rostros frescos y perfilados, ni de ejercer influencia, a través de dilatados y odiosos procesos burocráticos, es con la restitución de la justicia prevista y previsible, que se mantiene la buena marcha del orden mundial.
¿Cuál es tu posición?
