De izquierda a derecha, Pdte. María Adelaide da Silva, Vicepdte. Ines Figueroa y Dir. Miguel Gámez, de la Cámara de Comercio e Industria del municipio Tucupita

A la opinión pública y a quienes mancillan la Justicia y el Derecho

La Cámara de Comercio e Industria del municipio Tucupita, como parte del desarrollo armónico de la economía regional, y por ende nacional y en protección y defensa de los derechos de nuestros afiliados, vistos los hechos suscitados en fecha 20 de octubre de 2023, en el sector el Caimán, asentamiento campesino de Uracoa, municipio Uracoa, del estado Monagas; cuando en un procedimiento policial cargado de vicios y violación de los derechos procesales y constitucionales de los ciudadanos y en especial del gremio de comercio, funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de la División Contra la Delincuencia Organizada del estado Delta Amacuro, ingresaron sin ningún tipo de orden de allanamiento a las instalaciones de la empresa Coco Delta, practicando la aprehensión de dos (02) de sus trabajadores, a quienes embistieron en plena vía pública, y bajo sometimiento los llevaron hasta la finca propiedad de la empresa Coco Delta.

Es menester señalar que los funcionarios actuantes llevaban dos (02) ciudadanos dentro de la maleta de uno de los vehículos en que se desplazaban. Estos últimos ciudadanos no guardan ningún tipo de relación con la empresa Coco Delta, ni con sus trabajadores.

En el marco del mismo irregular, ilegal y fallido procedimiento, los funcionarios, bajo amenazas a su integridad física e incluso a la vida, realizaron exigencias económicas a las víctimas, las cuales al no ser complacidas, en virtud de su frustración, dieron origen a la presunta comisión de un hecho punible, practicando la aprehensión de estos cuatro ciudadanos, por la supuesta comisión del delito de tráfico de drogas; tristemente, para justificar su actuación le sembraron la cantidad de 400 miligramos de cocaína. Procedimiento que se realizó sin la presencia de testigos y en oscuridad del Derecho y el debido proceso en vulnerabilidad de los derechos humanos de estos ciudadanos, quienes fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, prueba de ello son las medicaturas forenses que rielan al expediente y donde los aprehendidos presentan múltiples lesiones en su humanidad.

Así las cosas, también realizaron la retención de dos vehículos, propiedad de la empresa Coco Delta, alegando que dichos autos eran usados en el tráfico de drogas, siendo, que en total contradicción de lo dicho por los funcionarios, las experticias del barrido son negativas para sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Por estos hechos nos vemos en la necesidad de alzar nuestra voz, como ciudadanos, como comerciantes y fuerza viva económica y productiva  de este estado, en el que tanto nos ha costado mantenernos en pie de lucha, sufriendo y padeciendo los atropellos de algunos funcionarios de la PNB (División Contra la Delincuencia Organizada); por lo que hoy, públicamente, queremos brindar nuestro apoyo incondicional a los afiliados de Coco Delta.

Estamos viviendo tiempos difíciles y más aún en el ámbito económico, lo que hace cuesta arriba cualquier esfuerzo productivo, tal como lo viene ejecutando nuestro afiliado Coco Delta, quien lleva tiempo, esfuerzo, trabajo e inversión, en un proyecto que para esta fecha se debería estar sembrando, y que todo ese esfuerzo económico y productivo ha quedado de un lado, por verse incurso en  la presunta comisión de un hecho punible inexistente.

La Cámara de Comercio del municipio Tucupita, enarbolando los valores supremos del Estado venezolano, como un estado democrático de derecho y de justicia que propugna como valores superiores  de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la ética, la responsabilidad social, el pluralismo político y en general la preeminencia de los derechos humanos, solicitamos a las autoridades competentes, en especial, al Fiscal Superior del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, una investigación transparente y objetiva sobre los hechos aquí denunciados, para que se aperture una investigación en contra de los funcionarios actuantes a los fines de determinar las posibles responsabilidades penales y administrativas.

En Tucupita, a los diecisiete del mes de noviembre de 2023.

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