Un profesional del Derecho, dependiente de una nomina pública, nos hizo llegar un comunicado expresando su opinión y sentir con relación al trágico deceso del concejal suplente por el municipio indígena Antonio Diaz, el warao Maximiliano Rivero de 60 años de edad.
En breves líneas, precisa la responsabilidad del Estado, en la muerte accidental del miembro de un cuerpo legislativo.
La condición de la publicación es que no se le identifique, a tenor de las consecuencias que pueda padecer. Este es su parecer.
“Desde mi punto de vista, existen varias responsabilidades, entre ellas las concernientes al alcantarillado sin tapa.
Sin restarle responsabilidad al exceso de licor y a quienes, grabando, pudieron auxiliarlo y no hicieron nada.
Es necesario determinar si fue el golpe contra el borde de la tanquilla o la inmersión en el agua infecta, la causa de la muerte. A partir de allí, sabremos si era posible salvarlo.
En un Estado “normal”, la administración pública debió indemnizar a la familia, porque es su responsabilidad mantener funcionales, completas y duraderas las construcciones.
¿Qué habría ocurrido si fuera un niño o una persona discapacitada? ¿Se hubiera comprendido mejor la responsabilidad del Estado? Por supuesto que sí. Este caso debe servir de punto de partida para que las autoridades tomen conciencia.
Con independencia de la condición de ebriedad, de no haber estado la tanquilla descubierta, el concejal Maximiliano viviría.
Por desconocimiento de los familiares, es posible que no procedan legalmente, pero no les quepa la menor duda de que el Estado, como garante de nuestras vidas, debe responder.”
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